Niegan abusos contra periodista mexicana

Mazatlan Sinaloa a 22 de Enero del 2007

Fuente: Internet
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6287000/6287109.stm
Autor: Mariusa Reyes

Genero: Entrevista

Medio al que Alude: Prensa

Un alto funcionario del gobierno del estado mexicano de Puebla, el Consejero Jurídico Ricardo Velázquez Cruz, negó en una entrevista con la BBC las denuncias de la periodista Lydia Cacho sobre supuestas violaciones a sus derechos humanos.

La semana pasada, BBC Mundo publicó una nota en la que Cacho contaba que había sido víctima de la violencia política perpetrada desde el Estado, a causa de un libro en el que ella involucraba a varios políticos y empresarios poderosos mexicanos en casos de pederastia.

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Cacho dijo que fue detenida de manera arbitraria, bajo órdenes del gobierno del estado de Puebla, y torturada psicológicamente durante veinte horas antes de ser puesta en libertad.

En esta entrevista con BBC Mundo, el consultor Velázquez Cruz se refiere no sólo al caso de Cacho, sino también al tema general de la violencia contra profesionales de la comunicación en México.

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¿A qué atribuye usted la violencia contra los periodistas en México? En México todos tenemos la libertad de poder expresar nuestras ideas, pero las leyes de prensa están muy atrasadas en el país

Ricardo Velázquez, consejero jurídico en Puebla

En el caso de México, los volúmenes de periodistas que han sido ejecutados, o que han sido violados en sus derechos de expresión y de libre prensa, se dan mucho en nuestra frontera con Estados Unidos por el fenómeno del narcotráfico.

Por lo demás, creo que hay una libertad de expresión que va más allá del trasfondo.

Todos tenemos en México la libertad de poder expresar nuestras ideas, pero también las leyes de prensa están muy atrasadas en el país.

La ley de prensa data de 1916. Entonces, todavía se confunde mucho el ámbito pleno de la protección de los datos privados de las personas, no sabemos muy bien cuándo se rompe el límite de lo público y el límite de lo privado.

Creo que el problema no es del gobierno, el problema es de particulares con periodistas.

Usted mencionaba que la violencia contra los periodistas viene sobre todo del narcotráfico y del crimen organizado, pero también se habla de que desde las alturas del poder se ejerce presión política contra los periodistas. ¿Cree que esto existe en México?

No, yo no podría ser tan general de decir eso. Por lo menos en Puebla, creo que las libertades se han dado plenamente a los periodistas.

Creo que el poder de la comunicación es inmenso.

Desde el punto de vista periodístico se debe defender la profesión, pero desde el punto de vista meramente humano, todos merecemos un respeto a nuestra vida privada.

La periodista Lydia Cacho denuncia actos de pederastia en México, en su libro "Los Demonios del Edén".
En BBC Mundo publicamos una entrevista con la periodista Lydia Cacho, quien escribió un libro sobre pederastia en México.

En él menciona a un empresario, quien más tarde presentó contra ella una demanda por difamación, y la periodista fue detenida por las autoridades locales. ¿Allí no podría haber existido cierto nivel de exceso o de violencia contra la comunicadora?

No, de ninguna manera. La situación no se da por el hecho de que sea periodista.

La situación es que en Puebla hay un delito que se llama calumnia y difamación.

En este caso, en el libro nunca se le acusa de un delito al empresario Kamel Nacif.

Lo único que se hace es referenciar que puede estar involucrado con un señor que sí está procesado por el delito de tráfico sexual de menores, que se llama Jean Succar Kuri. Pero fuera de eso es un asunto entre particulares.

El señor presenta una denuncia, lo hace en la ciudad de Puebla, se promueve un juicio y se tiene una orden de aprehensión.

El gobernador nunca sabe de esta aprehensión. Se le manda a detener a otra ciudad por un convenio de colaboración que hay entre los estados.

Entonces se traslada a Puebla, aquí la recibe su abogado, un familiar, una senadora simpatizante de ella, se le acompaña por todas las instalaciones del Cereso (Centro de Readaptación Social), y después indudablemente hay un cambio de la versión.

La primera queja que hace ante la Comisión de Derechos Humanos es que no se le trasladó en avión, pero es que no tenemos recursos para trasladar en avión a todos los reos o presuntos responsables.

Y después, cuando salen unas grabaciones donde se involucra al señor gobernador con este empresario que había denunciado a la periodista, cosa que el gobierno del estado negó siempre, ella cambia las versiones, y dice que también quisieron matarla, vejarla, violarla, y nada de eso es cierto.

Ahora, acláreme algo jurídicamente hablando. En México, cuando a alguien se le demanda por difamación, ¿se le detiene siempre de esta forma o la persona debe presentarse en el tribunal luego de recibir una citación?

En Puebla por lo menos así es. Debe haber una detención porque presumiblemente alguien cometió un ilícito.

(...) en Puebla, como en todo el mundo, los empresarios casi siempre son amigos de los gobernantes, y si no lo son igual lo dicen así porque les conviene, y al gobernador le interesa que haya inversiones en el estado.

Ricardo Velázquez, consejero jurídico en Puebla

¿El empresario Kamel Nacif y el gobernador son amigos?

Que yo sepa no, incluso ambos han declarado que no los une una amistad.

Quiero decir que en Puebla, como en todo el mundo, los empresarios casi siempre son amigos de los gobernantes, y si no lo son igual lo dicen así porque les conviene, y al gobernador le interesa que haya inversiones en el estado.

Usted decía antes que el gobernador no sabía de la detención de la periodista Lydia Cacho, ¿cómo es posible que un gobernador no sepa que se va a realizar una detención de este calibre, siendo un caso de alto perfil que estaba en la atención pública?

Es muy sencillo. El gobernador, desde que tomamos el cargo, nos dijo con claridad que en Puebla no había impunidad, que cayera quien cayera se tenía que hacer respetar la ley.

Incluso nos dijo que "si un familiar mío viola la ley, entonces ese familiar debe estar en la cárcel".

Obviamente, al gobernador no se le informa de todas las detenciones, son miles.

Entonces, en esas circunstancias, creo que la única persona que intervino para salvaguardar la integridad de la periodista, más allá del ámbito legal, fue el gobernador.

Desgraciadamente, él es la única persona a quien la señora acusa. Al empresario no lo ha molestado para nada.

El juez de la causa desestimó la demanda por difamación y la periodista ya tiene libertad absoluta. ¿Dónde deja esto el origen mismo de todo este lío jurídico?

El empresario Succar Kuri, acusado de pederastia, fue extraditado a México en julio pasado .

Es muy sencillo. México es una república federada, compuesta de estados libres y soberanos, y cada estado tiene su ordenamiento propio.

En el Distrito Federal no existe el delito de difamación y calumnia. Lo que se puede seguir es una demanda civil para recuperar los daños que le hayan hecho a la persona en su patrimonio moral.

En Puebla sí hay delito de difamación y en Quintana Roo, también. En el DF no se persigue este delito, y por eso es que no llegan a declarar culpable a esta persona, obviamente tampoco inocente.

Las denuncias que hizo la periodista de supuestas violaciones a sus derechos humanos, ¿fueron investigadas por el gobierno del estado?

El gobierno del estado investigó por su cuenta y encontró que no hay ningún responsable, pero pidió a las autoridades federales que investiguen.

El Congreso, la Corte, la Comisión de Derechos Humanos han llegado a una conclusión: no hubo tortura, la señora está diciendo o haciendo hechos que no corresponden a la realidad.

Se ha demostrado incluso, porque así lo ha declarado ella misma, que los policías le prestaron dos chamarras para que no tuviera frío, la invitaron a comer, ella les contó cuestiones personales que solamente se pueden dar en un ámbito de confianza, y que les está agradecida. Sin embargo, lo que ella pretende es hacerse la víctima.

La periodista relata un hecho concreto que dice ocurrió durante el traslado de Cancún a Puebla: la bajaron del auto en un lugar de la costa y la hicieron que se metiera al mar para nadar; justo entonces sonó el teléfono celular de uno de los policías y, enseguida se dio la orden de volver al vehículo y reiniciar el viaje.

Ella dice que ése fue el momento en que temió por su vida, porque los policías le decían que podía ahogarse. ¿Qué dice usted sobre este episodio específico?

En la Procuraduría General de la República constan documentos en donde se dice que la acompañan otras personas, sus guardias personales, activistas de derechos humanos, a una de las cuales posteriormente se le nombra sub-procuradora para investigar este delito.

Ésta es la séptima versión de la señora. Ha ido variando los hechos de modo tal, que si se ven las primeras declaraciones y luego las últimas, yo pienso que si fuera posible resucitar, ella diría que la mataron y que resucitó.

Cada vez son más los crímenes que ella dice se le cometieron, pero indudablemente no hay nada de esto.

Mientras tanto, el proceso sigue abierto.

El proceso sigue abierto. Aunque aquí en México existe la presunción de inocencia, al gobernador se le ha atacado como si fuera culpable.

Nosotros estamos abiertos a todas las averiguaciones. No pasó nada con esta señora.

Si hubiera pasado, seríamos los primeros en tratar de que esto se arreglara de una manera jurídica.